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La modernización del sector de agua potable y saneamiento de Honduras arranca con la Ley Marco del Sector en el año 2003, fundamentada en la política de descentralización de la gestión pública en el país, y con separación de funciones; asignando la responsabilidad de prestación de los servicios a los gobiernos municipales y las juntas administradoras de agua, prestadores que cuentan con la asistencia técnica del Gobierno Central y que están sujetos a la regulación y control por parte del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS). El Gobierno retiene la responsabilidad de la planificación y coordinación sectorial, a través del Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA) integrado por cuatro Secretarías de Estado, representantes de la Asociación de los Municipios, juntas administradoras de agua y usuarios.

 

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